“Lo que está en discusión hoy en la Justicia es si la realización de la audiencia se relativiza, y pueden ponerse en duda la información, los plazos y el acceso irrestricto; o si, como se dijo en la ley, se robustecen los mecanismos de participación que ya están establecidos”, sostuvo.


Observó que la importancia de la sentencia no se reduce a este caso en particular, sino a cualquier otro que se presente en el futuro, ya que puede determinar que se fortalezcan los mecanismos de participación, o no.


Raimbault mencionó algunos argumentos del Ejecutivo en la contestación de la demanda, que “no pensaba que se pusieran en discusión”, admitió, entre ellos la objeción velada a que participen de las audiencias públicas los usuarios que son inquilinos y no propietarios de viviendas en Ushuaia. “Hay algunas expresiones donde además de participar hay que demostrar las ganas de participar, algo que es absolutamente subjetivo”, agregó, y consideró que “la posición del Ejecutivo no es muy fuerte”.


Igualmente subrayó que el punto central de esta causa es “la decisión judicial y la proyección a futuro de esa decisión. Hoy se discute si los mecanismos de participación son relevantes o son irrelevantes”, sintetizó.


Recordó que previo a la realización de la audiencia pública, la única posibilidad de consultar el expediente fue en la DPE, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas, y no se entregaron copias. Para el ex legislador fue “una forma de restringir la participación”.


“Esto termina conspirando contra los mecanismos de participación, que están objetivamente obstaculizados, al punto que no están cumpliendo con la ley y lo admiten. Esto termina por alejar a la gente de participar en la toma de decisiones”, fustigó.


Además contrastó la escasa participación en esta audiencia pública con la concurrencia masiva en el ámbito municipal, por ejemplo en las audiencias sobre el plan de manejo de la costa, donde también “se generan críticas incluso a la autoridad que convocó, pero son escenarios buenos para empezar a construir políticas públicas”.


Si bien la posición de los que participan en las audiencias no es vinculante, hay una exigencia al administrador para que, en caso de que no las tenga en cuenta, dé las razones y explicaciones del caso. “Cuando uno va a participar, espera un correlato en la decisión final y aunque sea explicaciones si no se van a tomar en cuenta. Es el deber republicano de explicar las cosas, que también está en discusión en este juicio. El Ejecutivo no se hace cargo de explicar lo mínimo y elemental, y es si hubo información”, remarcó.


Raimbault espera que la jurisprudencia que genere esta causa, que impacta en el futuro, permita fortalecer los mecanismos de participación y tal como lo expuso en la presentación, considera “grave” que se plantee un riesgo en la prestación del servicio si se atiende el reclamo. Lo comparó con lo ocurrido con el reclamo por el aumento del agua. “Es correr la discusión a otro lugar. Una cuestión es la tarifa, donde uno está explicando una estructura de costos, y otra cosa es un impuesto. Cuando la DPOSS o Energía nos dicen que hay que pagar más porque lo necesitan presupuestariamente, no están hablando de estructura de costos sino de un impuesto. Es importante que se vuelva a discutir en una audiencia pública donde se garantice un buen acceso a la información y un buen debate”, reclamó.


Aunque las tarifas estén retrasadas y deban ajustarse, insistió en el hecho de que no puede ser argumento para aumentar tarifas que el Estado tenga dificultades económicas, porque “no es el mecanismo para solucionar esas dificultades”, como ocurre con los impuestos.


Respecto de los plazos para la sentencia, aseguró que son breves. “Es un amparo y rápidamente el poder judicial emitirá su sentencia, que abrirá un nuevo camino para cualquiera de las partes con los tribunales superiores. No creo que demore más de una semana o diez días hábiles”, estimó.