En la audiencia de conciliación en el Superior Tribunal de Justicia, la gobernadora Fabiana Ríos, el intendente Gustavo Melella y Sciurano, se comprometieron a bajar el perfil de las declaraciones políticas en el marco de la suspensión de los plazos procesales por 30 días para buscar una salida política a la polémica. Incluso, este martes hubo un encuentro entre la gobernadora, los intendentes y el jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, para avanzar en la posibilidad de llegar a un acuerdo de partes. “Mientras anoche defendía los intereses del municipio en la puerta del Superior Tribunal de Justicia -dijo Ravaglia en gacetilla de prensa sobre el secretario general Carlos Córdoba- hoy está acá reclamando ruidosamente un aumento, sabiendo que el Gobierno provincial tiene menos recursos de los que debería tener”. Casi simultáneamente, por FM la Isla, Aramburu aseguró que el Gobierno estaba dispuesto a "respetar" el ámbito negocial dipuesto por la Justicia por los próximos 30 días y que es "natural" agotar la vía del diálogo, en el caso de la judicialización de una posible baja de coparticipación. El jefe de Gabinete dijo que van a "escuchar las propuestas que pudieran traer los Municipios como alternativa de solución". Relativizó las expectativas del Gobierno sobre lo que pudiera ser la resolución judicial en este caso, al considerar que la Provincia "no sale perdiendo en ningún escenario". "De resultar negativo el fallo, en contra de la provincia, no sería ni mas ni menos que sostener que las cosas se hicieron bien -dijo-. Si sale a favor, hay una gran deuda de los municipios". En tanto, el concejal Bocchicchio consideró que al intendente de Ushuaia “le cuesta sostener la sobreactuación con la que cuestionó” la acción declarativa de certeza interpuesta por el Gobierno, vía Fiscalía de Estado, ante el Superior Tribunal de Justicia para determinar el orden en el que la Provincia asigna recursos al sistema educativo y al resto de las erogaciones. “Defiendo los recursos de la Municipalidad, pero no a cualquier costo, si la Provincia duda sobre cómo aplicar la ley es institucionalmente correcto que recurra a la Justicia, no veo en eso la operación política que se apuraron a denunciar los intendentes”, señaló.