“Soy representante de los afiliados, y veo una situación que pongo a consideración del Poder Judicial para que tome conocimiento y en todo caso determine”, explicó sobre el rol que le cabe en este tema.


Consultado acerca de si estaba acordado con el Directorio avanzar con una denuncia penal, o si se había adelantado esta decisión a las autoridades provinciales, indicó que “lo hemos hecho informal y formalmente. De hecho en la reunión de la comisión 2 de la Legislatura se hizo una breve exposición de la situación del IPAUSS y se manifestó esta cuestión. Yo manifesté claramente que entendía que el tesoro de la provincia estaba utilizando recursos de la seguridad social para gastos comunes, y entendía que eso debía ser tratado en la comisión constitucional”, subrayó, por lo cual en ese momento se solicitó al legislador Damián Löffler, presidente de la comisión 2 de Presupuesto, que se pusiera a consideración de la comisión 1 este tema.


Si bien la reunión se llevó a cabo con los legisladores que ya cesaron su mandato, Heredia apuntó que el legislador Löffler “continúa en la Cámara por cuatro años más, tiene conocimiento de esta situación, siempre es una persona muy receptiva de estas cuestiones y tomó el tema con la seriedad que corresponde”, por lo que espera el tratamiento legislativo de la situación.


“Entiendo que debe clarificarse bien, y si esto significa un ilícito debe continuar la causa. Yo entiendo que era mi obligación poner en conocimiento de la justicia esta cuestión”, reiteró el integrante del Directorio del IPAUSS.


Cabe recordar que se presentó ante la Fiscalía para realizar una denuncia penal contra la gobernadora Fabiana Ríos el pasado 17 de enero, por la falta de envío de fondos en tiempo y forma al organismo de seguridad social. Heredia es además representante de la CGT Ushuaia y en su presentación expone que desde el inicio del primer mandato de la gobernadora se reitera la situación, como también la falta de pago de la deuda histórica, como lo establece la ley 676, con más las deudas judicializadas con sentencia firme, cuyo pago no se incluyó en el Presupuesto.


Para el funcionario esta falta de pago equivale a tomar un préstamo no autorizado por Legislatura Provincial, para atender gastos corrientes con fondos de la seguridad social, poniendo en riesgo la prestación de servicios y el pago de jubilaciones.