Embargo a BGH por 23 millones: "Podría llegar a 40 millones", dijo el abogado de los despedidos

Por Radio Nacional Ushuaia, explicó que “la demanda preventiva se inició con 48 personas y con posterioridad se amplió con otro grupo de trabajadores”, por lo cual estos 23 millones corresponden al primer grupo solamente.

“Se iniciaron hace más o menos dos meses en Río Grande y se solicitó una medida cautelar con estos montos. De la primera demanda de 48 personas salió el primer embargo de 23 millones y falta el embargo por el resto, que podría superar los 40 millones de pesos”, estimó.

Recordó que son ex trabajadores de IFSA, que “era una empresa satélite de BGH y hay una relación de solidaridad. Muchas veces se aprovechaba la tarea y mano de obra entre sí, y compartían domicilio en la ciudad, con un mismo sector de Recursos Humanos. Ambas unificaban procesos productivos. Los contratos eran fraudulentos, no tuvieron renovación y quedó la gente en la calle”. 

“Se utilizaban los mismos artilugios que intentaron en Ushuaia otras empresas y entendimos que era totalmente demandable. La justicia aceptó el caso y tenemos la audiencia el 28 de junio”, precisó, destacando además un proceso rápido de la justicia laboral.

Mencionó que, en los fundamentos de la presentación, se apeló a “muchas sentencias previas análogas”, donde la justicia determinó la existencia de prácticas abusivas con la renovación de contratos temporarios. Al margen del acuerdo entre la UOM y AFARTE, sostuvo que “no hay forma de utilizar este sistema para licuar las indemnizaciones” y dijo que sólo en Ushuaia el estudio que representa tiene 300 casos.

“La gente de IFSA quedó sin trabajo hace un año, y casualmente después del inicio de la demanda, gente del grupo BGH los ha empezado a llamar para ofrecerles sumas irrisorias. Hay gente con cinco años de antigüedad y les ofrecían sumas de 70 mil pesos para que depongan cualquier acción judicial”, manifestó.

Respecto de las afirmaciones del ministro de Trabajo Claudio Carrera, respecto de que ya no existe este tipo de contrataciones, lo desmintió y aseguró que “en el estudio nos llegan todos los días casos de gente contratada”.

“La provincia sacó una resolución en diciembre del año pasado y yo la cito en la demanda, no porque tenga plena operatividad, sino porque el empleador debió conocer que lo que estaba haciendo era irregular”, expuso.

La demanda planteada originalmente “es de 48 millones y había sido ampliada en 25 millones más. El embargo preventivo salió por 23 millones y puede salir por un monto mayor”, reiteró.

Lo cierto es que “en Río Grande ha sido la demanda más grande iniciada”, por los llamados ‘contratos basura’, e informó que “en este momento tenemos en trámite una demanda colectiva contra Newsan por un grupo un poco menor, pero también por montos considerables, y por la misma situación”, por lo que se prevé un embargo similar.

Hasta ahora el criterio del juzgado laboral de Río Grande y Ushuaia ha sido prácticamente el mismo y, “en su defecto, tenemos a la Cámara de Apelaciones. Los dos juzgados han establecido, con mínimas diferencias, que las contrataciones son irregulares; y la Cámara ha ratificado las sentencias de ambos juzgados”, indicó el letrado. 

Valoró, más que el juicio ganado que avizora, “el reconocimiento a la gente. En Río Grande la situación de la gente de IFSA ha sido desesperante. Algunos se nos han acercado para pedir arreglar por 50 mil pesos”, dijo, ante la necesidad de sobrevivir.

Además, dio cuenta de una reacción en cadena, a partir de estas sentencias. “Hay gente mandando poderes desde otras provincias para que se inicien las acciones, porque no se han podido mantener en Río Grande por no conseguir trabajo. El abuso ha sido constante. Hay gente que hace un año está en la calle y no tuvo respuesta de ningún tipo”, cuestionó.

Puntualizó que se trata en el caso de BGH de “una indemnización agravada por las multas que estamos requiriendo. En todos los juicios previos, las multas siempre son un monto que se charla, por si la empresa quiere arreglar en las audiencias de conciliación. En esta demanda en particular, por todas las constancias probatorias que hay, los montos de multa son muy procedentes”.

A diferencia de otros casos, en este no ve posibilidad de arreglo con los trabajadores por montos menores a los que les corresponde como indemnización “porque hace un año están en la calle y encima cuando los llaman les ofrecen 70 mil pesos. Muchos dicen que necesitan la plata, pero ahora quieren cobrar todo lo que les corresponde”, subrayó.

“Tener un embargo preventivo fue una decisión tomada con buen tino por la Dra. Cristiano y una tranquilidad para todos los trabajadores”, manifestó.

Consultado sobre el rol de la UOM en esta situación, dio a conocer que muchos trabajadores plantearon accionar contra el gremio. “Se habló mucho de la falta de acción y mucha gente me ha preguntado si puede demandar a sus representantes gremiales, pero en el marco de un juicio laboral entendemos que no. El gremio no tendría una responsabilidad directa y apuntamos a un proceso rápido. Si nos metiéramos en toda esta cuestión probatoria, que implica daño moral y demás, el proceso tardaría más y la gente está en una situación desesperante”, explicó.

A los 70 demandantes actuales se seguirán sumando otros: “Esto va de boca en boca y nos llamó gente de otras empresas que se enteraron de este proceso, hay gente que habla con familiares que se han ido de la provincia, y termina siendo un reguero de pólvora”, graficó.