El error había sido señalado ayer por el ex vicegobernador Daniel Gallo, y remarcado esta mañana por el diputado Rubén Sciutto, quienes se ocuparon de llevar tranquilidad al “fino equilibrio” del tesoro fueguino, recordando que la provincia seguirá cobrando los certificados de origen.


Ríos indicó por FM Del Pueblo que “hace falta aún una normativa reglamentaria, que debe ser dictada por distintos entes del gobierno nacional, en virtud de que el decreto es sumamente escueto y exime del régimen a la actividad de petróleo y gas y las actividades vinculadas”.


El “escueto” decreto fue la justificación de la información falazmente vertida por el gobierno fueguino: “A partir de esto es que surgieron todas las lecturas que surgieron. Independientemente de lo que se piense de lo que uno dijo el miércoles (en rueda de prensa), en principio lo que nosotros pensamos es que era necesario poner una palabra oficial, porque había demasiadas especulaciones respecto de si nosotros lo habíamos ocultado, si lo habíamos hecho juntos”, dijo colocándose desde la perspectiva de las empresas afectadas y con las que estaba a punto de cerrar el acuerdo de renegociación.


“Uno no puede explicar lo que uno no participó, sino que sí debe poder pararse en el  lugar de administrador de un Estado provincial, en cuyo territorio se lleva adelante un régimen de promoción, que no administra el estado provincial, y que por lo tanto las decisiones que se toman, se toman en otro ámbito. Uno debe, en función de la evaluación de las consecuencias de esta modificación, pensar cuáles son las acciones que debe llevar adelante y ejercer las acciones para que esa modificación de estatus se limite exclusivamente a lo que pretendió hacer el gobierno nacional, que es eliminar los beneficios impositivos sobre las actividades extractivas”, explicó la mandataria.


Dijo que “eso es lo que están haciendo desde el día de ayer y hoy mismo el Secretario de Hidrocarburos, el Ministro de Economía y el Ministro de Industria”, quienes tendrían “incidencia” ante los funcionarios nacionales para que la normativa deje acotado el alcance de la derogación.


“Hubo reuniones con la gente de Aduana, con Ingresos Públicos y pudieron confirmar que no afecta ni a los trabajadores ni a las actividades aduaneras”, señaló, como también que “la Aduana seguiría requiriendo los certificados de origen, por lo cual la reducción de ingresos no sería tal, o por lo menos no sería de la magnitud que en un momento se evaluó”, sostuvo.


La gobernadora, de donde partió la versión oficial de la merma de fondos, expresó que “a medida que van pasando los días, no sólo se van aclarando los alcances, sino además se puede incidir en el dictado de normativa que restrinja esta excepción al régimen estrictamente a la actividad que se pretende en primera instancia”.


“Es amplio el decreto, y al ser tan escueto da lugar a todas las interpretaciones que dispararon todas las discusiones que se llevaron adelante estos últimos días”, justificó nuevamente.


Y describió lo que no se hizo al subrayar que “uno tiene la responsabilidad de analizar, discutir”, para luego manifestar que “uno también se puede equivocar”.


En estos momentos se seguiría trabajando en el dictado de resoluciones complementarias tanto en Ingresos Públicos como en la administración nacional de Aduanas, porque “hay distintas áreas del gobierno que actúan en distintos aspectos de la ley”.


“Excepcionar una actividad del régimen implica que una cantidad de normativa que fue dictada por industria, energía, ingresos públicos, aduana, debe ser revisada y modificada”, explicó Ríos y agregó que los funcionarios provinciales están “incidiendo” en esas modificaciones.


Confirmó que “las actividades complementarias a las extractivas continuarían con los beneficios”, que fue otro de los planteos realizados en rueda de prensa que habían encendido la alarma entre las prestadoras de servicios a las petroleras.


Hecho el señalamiento de que el ex vicegobernador Gallo había negado la merma de 60 millones porque el gobierno seguiría emitiendo certificados de origen y cobrando por ello, Ríos responsabilizó a sus funcionarios de la información errónea: “En una primera evaluación tanto el Ministro de Industria (Fabio Delamata) como el Secretario de Ingresos Públicos (Christian Durrieu) me comunicaron la baja de los certificados de origen. Luego de la reunión con Aduana quedó aclarado que esta baja no va a ser tal, por lo menos no en la magnitud que nosotros evaluamos”, reiteró.


En consecuencia “no habría efecto en la recaudación de manera directa”, salvo que se den otros supuestos que nada tienen que ver con el decreto: “Si hay una merma en la actividad económica, que de algún modo asiste a la actividad petrolera, esto impacta de manera indirecta. Todo impacta, la baja en la actividad económica, la inflación, todas esas variables impactan en la recaudación, así que estamos interviniendo en cada una de las áreas, pensando de qué manera se compensa lo que se pueda perder”, dijo.


Por otra parte dio cuenta de la preocupación y “enojo” (sic) que manifestaron “a la Secretaría de Hidrocarburos” las empresas que habían avanzado en la renegociación de contratos, ni bien se conoció el decreto. Entre carraspeos, admitió que “no causó satisfacción, complicó la negociación y ayer la verdad la pasamos bastante mal en horas de la mañana con la reducción casi a cero de lo que eran las inyecciones durante cada uno de los pozos, durante varias horas”, agregó sobre la medida de fuerza de petroleros, que se sumó a la presión de las petroleras contra el gobierno.


Consultada a cuánto se estuvo de firmar el compromiso con Apache y Roch, precisó que “a 48 horas” y detalló que entre los beneficios de los nuevos contratos “había compromisos de responsabilidad empresaria con inversiones de un hogar de ancianos en Río Grande, compromisos relacionados con infraestructura de deportes en la zona norte, un canon adicional del 25% en términos de regaláis, había compromisos de pago de canon por negociación anticipada de varios millones de dólares, pero eso forma parte hoy de la especulación. Las empresas han hecho saber que quieren rediscutir las condiciones, y las renegociaciones son negociaciones de partes”, se resignó.


No obstante dio alguna señal de hacer valer la soberanía provincial sobre los recursos naturales que le son propios: “Si bien estamos dispuestos a comprender que su estructura económica se ha modificado, también entendemos que las empresas que operan aquí operan en el resto del país, y en algunas de las provincias han renegociado en condiciones muy favorables para las provincias. También veremos cuáles son las condiciones de conveniencia para el estado provincial”, aseveró.