El sesudo estudio del proyecto de ley tarifaria, que demandó “entre seis y ocho meses de trabajo” al secretario de Ingresos Públicos, Christian Durrieu, no sobrevivió la primera lectura y, antes del debate en comisión, ya sufrirá reformas por el error en la sobrecarga de impuestos sobre la industria. Marca a Durrieu como el primer derrotado, por knock out técnico en este caso, junto al Ministro de Economía, Christian Ruiz, que elevó la propuesta del oficialismo con un dudoso análisis de las consecuencias, y sin el aval del Ministerio de Industria, el primero que debió ser tenido en cuenta cuanto menos al momento de definir cuáles serán los impuestos para ese sector.


La pulseada contra el impuestazo a la industria, cuyo despegue alimenta las arcas provinciales con tributos por diferente concepto, y los bolsillos de comerciantes con el alto poder adquisitivo de más de diez mil empleados nuevos incorporados al circuito económico, le dio el triunfo incuestionable a Fabio Delamata. El Ministro de Industria eligió ser coherente a su posición histórica antes de sostener la fidelidad ciega a la gestión, más preocupado por las consecuencias sobre el desarrollo de la provincia que por su propio sillón, aunque parece haber salido fortalecido de esta pelea.


El jefe de gabinete Guillermo Aramburu confirmó ayer la marcha atrás y sin dudas amortiguó el costo político que hubiera tenido en las comisiones, cuando comenzara a debatirse el proyecto con los industriales y, tarde o temprano, se viera obligado a admitir la modificación de un proyecto inviable e inconstitucional por confiscatorio para este sector.


Reconocer el error lo dejó mejor parado que a otros integrantes del gabinete de Ríos, en especial el ministro Ruiz, que no sólo dio curso a un proyecto de tarifaria evidentemente elaborado sin un análisis ajustado a la realidad y las normas, sino que tuvo la mala idea de combinar un pedido de ayuda financiera a Nación con críticas a la economía que lleva adelante la Presidencia.


Para Aramburu, en su manejo interno, no haber podido contener a Delamata significó una pérdida de autoridad que se verá con el tiempo hasta donde se profundiza con otros integrantes del gabinete provincial.


El ministro Ruiz no logró en los días previos el cobro de deudas de las petroleras, con las que iba a pagar aguinaldos. No consiguió respuestas por el pago del convenio chino, luego de la segunda prórroga y, para rematar una semana complicada, aseguró que la tarifaria se presentó por la merma de recursos de coparticipación federal, sin tener en cuenta que la información oficial –a la que se accede por Internet- demuestra lo contrario.


La oposición encarnada por los kirchneristas del Frente Para la Victoria –que calificaron de "locura" el proyecto de tarifaria oficial- y La Cámpora –agrupación que hoy entrega a los medios un documento que prueba el aumento de ingresos, tanto federales como propios en la provincia- se anotaron varios puntos en el haber, y pusieron nuevamente en jaque la credibilidad de la gestión, con el soporte de distintos sectores sociales con los que se ocuparon de dialogar para estrechar filas. Los resultados, positivos o no, se verán en el debate en comisión que se viene para después del receso.


Los industriales ya saben que tienen el camino allanado a su postura. Los grandes comerciantes estrechan alianzas con los minoristas y los consumidores, que terminarán pagando el peso tributario de unos y otros. Ahora falta el análisis de los ruralistas, que sacan punta al lápiz para explicar supuestos errores de cálculo también hacia su sector, al punto de que algunos deberían pagar hasta seis millones de pesos de impuestos, según afirman en sus primeras declaraciones. El tiempo dirá si al sesudo proyecto de Durrieu también lo hacen tambalear las tierras improductivas, sobre las que existe un consenso social de gravamen, por errores técnicos que pudieron no tenerse en cuenta.


Por el lado del radicalismo, las idas y vueltas del tarifazo impulsado por el Gobierno dejaron tiznados a algunos de sus principales referentes. La excesiva cercanía de Gustavo Melella con la gobernadora Fabiana Ríos, en detrimento del diálogo interno con su par de Ushuaia, Federico Sciurano, quedó expuesta en las declaraciones de uno y otro protagonista. Mientras el intendente de Río Grande salió a apoyar sin condiciones el impuestazo, su par capitalino opinó que no puede haber más tasa cero en la provincia y que esos fondos a recaudar pueden no ser coparticipables, pero se opuso a un aumento generalizado a sectores que ya tienen carga tributaria.


En el medio quedó el bloque de legisladores de la UCR, que había conversado –según relató Pablo Blanco- con el oficialismo provincial el envío a la Legislatura de la nueva tarifaria. Juan Rodríguez y Blanco fueron los encargados de respaldar la modificación impositiva, incluso con un perfil mediático más alto que legisladores del PSP, como Fabio Marinello.


La impresión fue que el acuerdo con el Gobierno estaba “cerrado” pero cuando desataron el moño del paquete tributario empezaron a aparecer cuestiones que “no habían sido acordadas”, como el impuestazo a la industria fueguina.


Del lado de Durrieu, Ruiz, Melella, y aun de Aramburu como jefe político, quedan muchas explicaciones por dar, y tiempo para meditar durante el receso. Delamata descansará con la tranquilidad del deber cumplido; mientras los industriales, el Frente Para la Victoria, La Cámpora y el propio Sciurano, correrán con ventaja en el escenario político del segundo semestre.